La imputación de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, no es un mero tecnicismo judicial. Es un golpe directo a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Lo que la investigación judicial destapa no es solo un presunto delito de cohecho, sino una trama de corrupción sistémica donde el poder se usó para enriquecer a unos pocos, a expensas de la mayoría. No es un caso aislado, es una forma de corromper el sistema. Es un patrón de conducta que desnuda una dolorosa verdad: mientras a los ciudadanos se les exigía un esfuerzo sin precedentes con recortes y subidas de impuestos, el Gobierno de turno, supuestamente, trabajaba para los intereses de grandes corporaciones. Así, las derechas ultra del PP y Vox han hecho del sistema público su chiringuito. La acusación sostiene que Montoro utilizó una "red de influencias" para favorecer a los clientes de Equipo Económico, el despacho de abogados que él mismo fundó, a cambio de grandes sumas de dinero. Leyes a la Carta: El Precio de la Democracia La investigación es clara y demoledora. Se habla de 673.500 euros pagados por empresas gasistas a la firma de Montoro. ¿A cambio de qué? Según la justicia, de una rebaja del 85% en el impuesto sobre la electricidad y una modificación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Se señala que estas empresas se ahorraron entre 50 y 136 millones de euros, mientras los ciudadanos seguían pagando la factura. Las empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) habrían desembolsado importantes sumas de dinero al despacho. Y no son solo las gasistas. El sumario incluye a empresas como Ferrovial y a administraciones públicas que pagaron a Equipo Económico, confirmando la existencia de una red de influencia bien engrasada. Esto demuestra que, para algunos, las leyes no se redactan en el Parlamento para el bien común, sino en despachos de abogados, donde se compran y venden favores legislativos. Esto reaviva el debate largamente pospuesto: la regulación de los grupos de presión o lobbies. La opacidad de su influencia en la vida política ha sido un problema crónico en España, y el caso de Montoro lo ha sacado a la luz de manera contundente. Cuando la Corrupción Viste de Traje Feijoo y el Cinismo Político: La Burla a la Ciudadanía La reacción política ante este escándalo ha sido, si cabe, más indignante que los hechos en sí. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha defendido la presunción de inocencia de Montoro con un argumento tan torpe e hipócrita como insultante: que en este caso "no hay prostitutas" ni "cocaína", en una cínica comparación con el "caso Koldo". ¡Qué mala memoria tiene, siendo el amigo de un narco! Yo siempre pensé que han sido socios en todo esto. Feijóo parece olvidar lo fundamental: que la corrupción no se mide por el estilo de vida de los implicados, sino por la traición a la confianza pública. El presunto cohecho del que se acusa a Montoro es un delito contra el Estado, contra la democracia y contra cada ciudadano que cumple con sus obligaciones mientras ve cómo se tuerce la ley para beneficiar a los poderosos. Mientras la justicia avanza, Pedro Sánchez ha anunciado la intención del Gobierno de revertir los privilegios fiscales que se habrían generado a través de las reformas de Montoro. Lo que queda es una amarga lección: la lucha contra la corrupción no es un eslogan, es una obligación. Y cada vez que un político intenta minimizar un caso como el de Montoro, no solo defiende a un compañero de partido, sino que se burla de la inteligencia de los ciudadanos.
Eleanor Moggio
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