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lunes, 19 de octubre de 2026
Pensiones Lo que de verdad nos jugamos cuando nos hablan de las pensiones
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha confirmado que, de los 30 países que privatizaron sus pensiones en las últimas décadas, 18 han tenido que dar marcha atrás para rescatar a sus jubilados de la pobreza.
¿A quién beneficia realmente este cambio?
Si los datos muestran que los fondos privados rinden muy poco a largo plazo (en España apenas han dado una rentabilidad real del 0,42% anual en 25 años) y que aumentan la desigualdad —especialmente para quienes tienen salarios bajos, empleos precarios o brechas de cotización, como ocurre con tantas mujeres—, ¿por qué insisten tanto en promoverlos?
La respuesta es tan sencilla como humana: el dinero de las pensiones públicas es una de las bolsas de ahorro más grandes que existen. Poner la gestión de ese dinero en manos de la banca privada es un negocio formidable para unos pocos, a costa de la incertidumbre de muchos.
Cuidar lo que nos protege a todos
El sistema público de pensiones no está quebrado. Su viabilidad depende de decisiones políticas: de si asumimos los gastos impropios desde los presupuestos del Estado, de si queremos empleos con sueldos dignos, de si perseguimos el fraude fiscal o de si distribuimos de forma justa las ganancias de la productividad.
Defender las pensiones públicas no es defender un dogma ni una postura de partido; es defender un pacto de convivencia. Es la garantía de que envejecer no suponga caer en la precariedad y de que la dignidad de la vejez no dependa de cómo cotizó la bolsa el día en que te jubilaste. Lo público no es de nadie porque es de todos, y blindarlo es cuidar de nuestro propio futuro.
apitalización y la «mochila austriaca»
La trampa de la capitalización y la «mochila austriaca»
Por Eleanor Moggio
A menudo nos presentan la reforma del sistema de pensiones como una simple discusión técnica de números, tablas actuariales y pirámides poblacionales. Nos dicen que el modelo público de reparto está «agotado» y que la solución pasa por avanzar hacia fórmulas de capitalización individual, donde cada trabajador «ahorre para su propio futuro». Bajo esta narrativa, envuelta en un atractivo celofán de responsabilidad y libertad personal, se esconde una realidad mucho más dura: el paulatino desmantelamiento de la solidaridad intergeneracional para sustituirla por el «sálvese quien pueda».
Convertir la pensión en una cuenta corriente individual no es una innovación neutra. Es una decisión política y social de calado que traslada directamente las fracturas del mercado de trabajo a la vejez.
El sistema de capitalización: Congelar la desigualdad laboral en la vejez
El principio que rige cualquier sistema de capitalización pura o sus versiones mixtas es diáfano.
Tu pensión futura será exactamente la suma de lo que hayas logrado aportar a lo largo de tu vida laboral, más la rentabilidad que los mercados financieros hayan tenido a bien concederte.
A primera vista, la premisa puede sonar justa para quien ha disfrutado de una carrera laboral lineal, estable y bien remunerada. Pero, ¿qué ocurre con la inmensa mayoría de la clase trabajadora?
- La condena del empleo precario: Un modelo basado en la acumulación de capital favorece de forma directa a los perfiles con carreras profesionales continuas ,como la alta dirección o el empleo público consolidado. Sin embargo, penaliza sin piedad a quienes encadenan contratos temporales, sufren periodos recurrentes de desempleo o se ven forzados a jornadas parciales.
- El castigo implacable de las lagunas de cotización: En el sistema público de reparto existen mecanismos de corrección (como la integración de lagunas o los complementos a mínimos) diseñados precisamente para paliar los baches que sufre un trabajador a lo largo de su vida. En la capitalización, un año en el paro no es solo un año sin aportar: es un año en el que se rompe la curva del interés compuesto. Ese vacío jamás se recupera.
- El trabajador asume todo el riesgo financiero: En lugar de ser el Estado el que garantice un derecho social, es el ciudadano el que queda a merced de la inflación, las crisis bursátiles o los vaivenes macroeconómicos. Si los mercados se desploman el año en que te jubilas, tu proyecto de vida en la vejez se reduce drásticamente sin que exista una red pública de contención.
La «mochila austriaca»: La capitalización camuflada como flexibilidad
En los últimos años se ha puesto de moda en ciertos círculos económicos ensalzar la denominada «mochila austriaca» como la panacea de la flexibilidad laboral y el ahorro a largo plazo. Se nos presenta como un fondo individual y portable que la empresa alimenta mes a mes, y del que el trabajador puede disponer si es despedido o, si no lo es, al llegar a su jubilación.
Analizada sin edulcorantes, la mochila austriaca no es más que un sistema de capitalización individual diseñado para abaratar el despido y privatizar la protección social.
¿Por qué resulta una trampa para los trabajadores más vulnerables?
- Financias tu propia indemnización: Transforma el derecho a la indemnización por despido ,que tradicionalmente ha actuado como un freno desincentivador ante los despidos improcedentes— en una hucha nutrida a costa de la propia masa salarial.
- El dilema perverso: Comer hoy o tener pensión mañana: Esta es la contradicción más lacerante. Un trabajador con estabilidad laboral mantendrá su mochila intacta hasta la jubilación, acumulando un suculento capital. En cambio, el trabajador golpeado por la temporalidad o el desempleo recurrente se verá obligado a echar mano de su mochila cada vez que pierda el empleo para poder pagar el alquiler o la cesta de la compra. Al llegar a los 67 años, su mochila estará vacía. Habrá consumido en la juventud el dinero que debía sostenerlo en la vejez.
- Normalización de la inestabilidad: Al eliminar el coste directo que supone para la empresa la extinción del contrato en el momento en que se produce, se incentiva la rotación constante de las plantillas y se profundiza la precarización del mercado laboral.
La protección social no es un producto financiero
Garantizar una vejez digna no puede depender de la suerte que cada cual haya tenido en el mercado de trabajo ni de la pericia de un gestor de fondos de inversión. Pretender que las indemnizaciones por despido o las prestaciones de desempleo formen parte del capital de jubilación es condenar a la indigencia a quienes sufren la precariedad y los contratos de corta duración.
El sistema público de reparto no es un mero mecanismo de pagos; es un pacto de cohesión social basado en la redistribución y la solidaridad. Frente a la lógica del mercado, que amplifica las desigualdades, la defensa de lo público asegura que la jubilación siga siendo lo que siempre debió ser: un derecho humano fundamental conquistado para proteger la dignidad en la última etapa de la vida.
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¿Insostenibilidad o deuda histórica? El gran engaño sobre las pensiones Eleanor Moggio
¿Insostenibilidad o deuda histórica? El gran engaño sobre las pensiones
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Por Eleanor Moggio
Durante los últimos años, el debate político y mediático sobre el futuro de las pensiones públicas se ha instalado en una narrativa obsesiva: la insostenibilidad. Nos repiten en bucle que la factura se disparará en las próximas décadas, que el envejecimiento demográfico destruirá el sistema y que la jubilación del baby boom dejará un agujero irreparable en las arcas del Estado. Sin embargo, detrás de esta alarma calculada se oculta de forma deliberada el origen del verdadero problema y el verdadero interés que la impulsa.
Para analizar las cuentas públicas con veracidad, hay que dar a cada uno el lugar que le corresponde: al César lo que es del César y al Papa lo que es del Papa. Quienes abrieron la vía, investigaron con rigor y desmontaron contablemente el relato del «déficit» de la Seguridad Social no fueron los grandes titulares mediáticos ni quienes hoy se cuelgan medallas ajenas. Fue el trabajo militante de sindicalistas de base con décadas de experiencia en el sector del metal y en la lucha laboral —entre ellos Paco Ledo, Manuel Penelas y José Remón Fernández—, quienes impulsaron ADEPPU (Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas) y supieron aplicar su sabiduría y veteranía para analizar a fondo el tinglado de las cuentas públicas.
Fueron ellos quienes comprendieron que para defender el sistema no bastaba con pancartas; hacía falta destapar el gigantesco saqueo de los gastos impropios. Y esa labor de análisis tuvo su momento cumbre en la calle: la actual presidenta de ADEPPU, Leonor Mogio, entregó personalmente en mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un texto escrito, una carta clara y directa que ponía negro sobre blanco todo el entramado de los desvíos.
Aquel escrito —que más tarde analizó y encauzó institucionalmente la entonces ministra Magdalena Valerio en los trabajos del Pacto de Toledo— dejaba al descubierto cómo, durante décadas, el dinero de las cotizaciones de los trabajadores asalariados se utilizó como la «caja chica» del Estado. Se pagaron con ese esfuerzo partidas que debían haberse financiado exclusivamente con impuestos generales: prestaciones no contributivas, bonificaciones a las empresas, tarifas planas y los propios gastos de administración del Estado.
Pero la lista de conceptos no cubiertos por los Presupuestos Generales es aún más larga: existe un extenso abanico de desvíos contables, expolios patrimoniales y coberturas de déficits de otros regímenes. Toda la red hospitalaria histórica (el antiguo Insalud), ambulatorios, sedes e inmuebles se construyeron y compraron con el dinero de las cotizaciones sociales para, posteriormente, ser traspasados a las administraciones generales o a las Comunidades Autónomas sin restituir ni un solo euro a la hucha de las pensiones.
Asimismo, la caja común del Régimen General tuvo que absorber durante años el desfase financiero de otros esquemas de cotización, como el de los autónomos (RETA). En este terreno, es preciso matizar con rigor: mientras los pequeños autónomos y trabajadores por cuenta propia han sufrido a menudo la precariedad y cotizaciones ajustadas a sus escasos ingresos reales, el sistema permitió que grandes autónomos y administradores societarios optimizaran sus aportaciones cotizando por las bases mínimas posibles a pesar de manejar elevados volúmenes de facturación. El agujero generado por esta falta de progresividad y por las bonificaciones del Estado no se financió desde los impuestos generales, sino que se cargó directamente a la hucha de los trabajadores por cuenta ajena.
A toda esta sobrecarga se suma un sangrante agravio comparativo que el propio sistema lleva costeando durante años: el régimen de las Clases Pasivas del Estado. En este esquema se han financiado jubilaciones anticipadas a los 60 años sin penalización alguna y percibiendo el 100% de la pensión reguladora cumplidos determinados años de servicio. Mientras tanto, a un trabajador por cuenta ajena con más de 40 años cotizados a sus espaldas en la fábrica, la obra o la oficina se le aplican castigos y coeficientes reductores permanentes en su pensión si decide retirarse antes. Un sobrecoste histórico y una doble vara de medir injustificable que también ha terminado impactando en el equilibrio financiero global.
A esta sangría contable se suma el episodio sangrante de la «hucha de las pensiones» (el Fondo de Reserva). De los casi 67.000 millones de euros acumulados con el esfuerzo de los trabajadores que llegó a haber en la hucha, el Gobierno de Mariano Rajoy vació más de 60.000 millones. Un dinero que se volatilizó mientras el Estado destinaba ingentes recursos públicos al rescate de la banca privada. ¿Para cuándo van a devolver ese dinero a los trabajadores? ¿Por qué no se investiga a fondo hasta el último céntimo de esa caja saqueada?
Las cifras resultantes de toda esta denuncia no son una invención: el propio Tribunal de Cuentas constató más de 100.000 millones de euros retirados de forma impropia en solo tres décadas. Al actualizar la inflación, el patrimonio cedido, los vaciados de la hucha, los desvíos presupuestarios y los intereses acumulados de más de 40 años, la deuda real del Estado con la caja de las pensiones supera holgadamente los 500.000 millones de euros.
Detrás de este ninguneo sistemático se esconde el verdadero objetivo: el apetito de la banca por hincarle el diente a la gran hucha del sistema público, un enorme pastel financiero que les reportaría millonarios dividendos si se privatizara o convirtiera en planes privados obligatorios. Fabricar un falso pánico de quiebra es la herramienta necesaria para desmantelar lo público y empujar al negocio privado a quienes sostienen el país.
¿A quién pretenden engañar? A quienes con su esfuerzo diario, madrugando durante décadas, levantaron la industria, las infraestructuras y la riqueza de este país no se les despoja de sus derechos impunemente. No lo permitiremos. La lección que iniciaron aquellos sindicalistas del metal y que hoy sostiene ADEPPU sigue más viva que nunca: las pensiones públicas SON SOSTENIBLES, son un derecho conquistado y no se van a regalar al negocio privado. ¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!
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lunes, 23 de marzo de 2026
MANIFIESTO POR LA SOBERANÍA INTELECTUAL Y LA PROTECCIÓN DEL FONDO DE PENSIONES
Leonor Mogio, Presidenta de la Asociación Nacional en
Defensa del Sistema Público de Pensiones (ADEPPU)
El expolio de la Inteligencia Artificial y el vaciamiento del
contrato social.
El Expolio de nuestro Patrimonio Intelectual
Es hora de llamar a las cosas por su nombre: la Inteligencia
Artificial no «crea» de la nada, sino que recopila, procesa y
se adueña de nuestro patrimonio intelectual. Cada proceso
que automatiza una empresa es, en realidad, una
expropiación del saber acumulado, la experiencia y la
capacidad de pensamiento que los trabajadores hemos
«donado» involuntariamente a la máquina.
Este conocimiento, que antes era el valor que nos permitía
negociar nuestro salario y nuestra jubilación, está siendo
extraído para convertirse en un activo privado de las grandes
corporaciones.
La Estrategia del Vaciamiento de la Hucha
La tecnología no es un proceso inevitable y neutro; tiene una
ideología clara. Bajo la promesa de la «modernización», lo
que realmente se está ejecutando es un vaciamiento
sistemático de la hucha de las pensiones.
Al sustituir personas por algoritmos, las empresas eliminan
las cotizaciones sociales que sostienen el sistema. Se
quedan con la productividad que genera nuestra inteligencia
robada, pero rompen el flujo de dinero que debe garantizar el
descanso de los trabajadores. No es un avance tecnológico,
es una fuga de capitales del sistema público hacia el
beneficio privado.
La Desmercantilización como Garantía de Libertad
La salud de nuestro sistema de pensiones se mide por su
capacidad de desmercantilización. Un ciudadano solo es libre
si su vejez no depende de las leyes del mercado.
Para que esta libertad exista, la tasa de reposición (la
relación entre lo que ganábamos y lo que cobramos al
jubilarnos) debe ser sagrada. Si permitimos que el lucro
cesante provocado por la IA debilite esta tasa, estamos
condenando a las futuras generaciones a una vejez
mercantilizada y precaria. La importancia de esta tasa es
singular: es la que permite a la gente elegir entre la
protección del Estado o la esclavitud del trabajo eterno.
Conclusión: Por una Justicia Algorítmica
Como Presidenta de ADEPPU, mi postura es clara: quien
utilice nuestra inteligencia para sustituir nuestro trabajo, debe
pagar por ello. «La IA recopila nuestro patrimonio intelectual
para generar beneficios que vacían nuestras cotizaciones.
Penalizar el perjuicio al fondo de pensiones no es una
opción, es una obligación moral para evitar que la tecnología
convierta nuestro derecho al descanso en una mercancía
privada.
lunes, 2 de febrero de 2026
COEFICIENTES REDUCTORES 2026
¿Cómo afecta a las pensiones máximas en 2026?
En 2026, si tu base de cotización es alta y aspiras a la pensión máxima, debes tener en cuenta dos límites que "chocan":
• El Tope Máximo: Con la revalorización del 2,7% de este año, la pensión máxima se sitúa en torno a los 3.260 euros mensuales (45.640 € anuales en 14 pagas).
• El "Doble Recorte": Si te jubilas anticipadamente y tu pensión calculada es superior a la máxima, se te aplican los coeficientes reductores directamente sobre el tope de la pensión máxima, no sobre tu base reguladora. Esto hace que, aunque hayas cotizado por lo más alto, el recorte sea muy sensible porque se aplica sobre el techo permitido por ley.
DOCUMENTO INFORMATIVO: JUBILACIÓN CON MÁS DE 40 AÑOS COTIZADOS (FEBRERO 2026)
1. El "Plus" o Complemento de la Ley 21/2021
Este complemento para compensar a quienes se jubilaron anticipadamente con largas carreras sigue vigente, pero bajo criterios estrictos:
• Destinatarios: Personas jubiladas entre 2002 y 2021.
• Requisitos: Tener más de 44 años y 6 meses cotizados, o bien 40 años si la pensión es inferior a la cuantía mínima establecida (aprox. 900€ en valores de referencia).
• Gestión: La Seguridad Social lo aplica de oficio. Si no se percibe a estas alturas de 2026, es porque el caso no cumple los requisitos de "perjuicio" comparativo que marca la normativa.
2. Situación de la reivindicación de ASJUBI40
A pesar de la presión social para eliminar las penalizaciones a quienes superan los 40 años de cotización:
• Estado Político: Sigue sin aprobarse un Real Decreto que elimine estos coeficientes de forma generalizada.
• Realidad en 2026: El reciente Real Decreto 39/2026 (21 de enero de 2026) se ha limitado a la revalorización general de las pensiones y nuevos topes, pero mantiene las penalizaciones por jubilación anticipada para largas carreras.
3. Coeficientes reductores y penalizaciones en 2026
Para una persona con más de 40 años cotizados (y menos de 44 años y 6 meses), los recortes por jubilación voluntaria son:
• Anticipo de 24 meses (2 años): Recorte del 17%.
• Anticipo de 12 meses (1 año): Recorte del 4,75%.
• Anticipo de 1 mes: Recorte del 2,63%.
IMPORTANTE: Si la jubilación es forzosa (despido objetivo o ERE), los recortes son menores (por ejemplo, un 13% por 2 años de adelanto).
4. Impacto en la Pensión Máxima
• *La pensión máxima en 2026 tras la subida del 2,7% ronda los 3.260 €/mes.
• Si el cálculo de tu pensión supera ese límite pero te jubilas antes de tiempo, la penalización se aplica sobre el tope máximo, lo que reduce efectivamente la cuantía final a percibir por debajo de dicho tope.
5. Consideraciones Finales
• Edad legal: Con más de 40 años cotizados, tu edad legal para el 100% son los 65 años.
• *Revalorización: Todas las cuantías resultantes incluyen ya la subida del 2,7% aplicada este año, pero este incremento se suma una vez aplicado el recorte por jubilación anticipada.
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