Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha confirmado que, de los 30 países que privatizaron sus pensiones en las últimas décadas, 18 han tenido que dar marcha atrás para rescatar a sus jubilados de la pobreza.
¿A quién beneficia realmente este cambio?
Si los datos muestran que los fondos privados rinden muy poco a largo plazo (en España apenas han dado una rentabilidad real del 0,42% anual en 25 años) y que aumentan la desigualdad —especialmente para quienes tienen salarios bajos, empleos precarios o brechas de cotización, como ocurre con tantas mujeres—, ¿por qué insisten tanto en promoverlos?
La respuesta es tan sencilla como humana: el dinero de las pensiones públicas es una de las bolsas de ahorro más grandes que existen. Poner la gestión de ese dinero en manos de la banca privada es un negocio formidable para unos pocos, a costa de la incertidumbre de muchos.
Cuidar lo que nos protege a todos
El sistema público de pensiones no está quebrado. Su viabilidad depende de decisiones políticas: de si asumimos los gastos impropios desde los presupuestos del Estado, de si queremos empleos con sueldos dignos, de si perseguimos el fraude fiscal o de si distribuimos de forma justa las ganancias de la productividad.
Defender las pensiones públicas no es defender un dogma ni una postura de partido; es defender un pacto de convivencia. Es la garantía de que envejecer no suponga caer en la precariedad y de que la dignidad de la vejez no dependa de cómo cotizó la bolsa el día en que te jubilaste. Lo público no es de nadie porque es de todos, y blindarlo es cuidar de nuestro propio futuro.
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