¿Insostenibilidad o deuda histórica? El gran engaño sobre las pensiones
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Por Eleanor Moggio
Durante los últimos años, el debate político y mediático sobre el futuro de las pensiones públicas se ha instalado en una narrativa obsesiva: la insostenibilidad. Nos repiten en bucle que la factura se disparará en las próximas décadas, que el envejecimiento demográfico destruirá el sistema y que la jubilación del baby boom dejará un agujero irreparable en las arcas del Estado. Sin embargo, detrás de esta alarma calculada se oculta de forma deliberada el origen del verdadero problema y el verdadero interés que la impulsa.
Para analizar las cuentas públicas con veracidad, hay que dar a cada uno el lugar que le corresponde: al César lo que es del César y al Papa lo que es del Papa. Quienes abrieron la vía, investigaron con rigor y desmontaron contablemente el relato del «déficit» de la Seguridad Social no fueron los grandes titulares mediáticos ni quienes hoy se cuelgan medallas ajenas. Fue el trabajo militante de sindicalistas de base con décadas de experiencia en el sector del metal y en la lucha laboral —entre ellos Paco Ledo, Manuel Penelas y José Remón Fernández—, quienes impulsaron ADEPPU (Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas) y supieron aplicar su sabiduría y veteranía para analizar a fondo el tinglado de las cuentas públicas.
Fueron ellos quienes comprendieron que para defender el sistema no bastaba con pancartas; hacía falta destapar el gigantesco saqueo de los gastos impropios. Y esa labor de análisis tuvo su momento cumbre en la calle: la actual presidenta de ADEPPU, Leonor Mogio, entregó personalmente en mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un texto escrito, una carta clara y directa que ponía negro sobre blanco todo el entramado de los desvíos.
Aquel escrito —que más tarde analizó y encauzó institucionalmente la entonces ministra Magdalena Valerio en los trabajos del Pacto de Toledo— dejaba al descubierto cómo, durante décadas, el dinero de las cotizaciones de los trabajadores asalariados se utilizó como la «caja chica» del Estado. Se pagaron con ese esfuerzo partidas que debían haberse financiado exclusivamente con impuestos generales: prestaciones no contributivas, bonificaciones a las empresas, tarifas planas y los propios gastos de administración del Estado.
Pero la lista de conceptos no cubiertos por los Presupuestos Generales es aún más larga: existe un extenso abanico de desvíos contables, expolios patrimoniales y coberturas de déficits de otros regímenes. Toda la red hospitalaria histórica (el antiguo Insalud), ambulatorios, sedes e inmuebles se construyeron y compraron con el dinero de las cotizaciones sociales para, posteriormente, ser traspasados a las administraciones generales o a las Comunidades Autónomas sin restituir ni un solo euro a la hucha de las pensiones.
Asimismo, la caja común del Régimen General tuvo que absorber durante años el desfase financiero de otros esquemas de cotización, como el de los autónomos (RETA). En este terreno, es preciso matizar con rigor: mientras los pequeños autónomos y trabajadores por cuenta propia han sufrido a menudo la precariedad y cotizaciones ajustadas a sus escasos ingresos reales, el sistema permitió que grandes autónomos y administradores societarios optimizaran sus aportaciones cotizando por las bases mínimas posibles a pesar de manejar elevados volúmenes de facturación. El agujero generado por esta falta de progresividad y por las bonificaciones del Estado no se financió desde los impuestos generales, sino que se cargó directamente a la hucha de los trabajadores por cuenta ajena.
A toda esta sobrecarga se suma un sangrante agravio comparativo que el propio sistema lleva costeando durante años: el régimen de las Clases Pasivas del Estado. En este esquema se han financiado jubilaciones anticipadas a los 60 años sin penalización alguna y percibiendo el 100% de la pensión reguladora cumplidos determinados años de servicio. Mientras tanto, a un trabajador por cuenta ajena con más de 40 años cotizados a sus espaldas en la fábrica, la obra o la oficina se le aplican castigos y coeficientes reductores permanentes en su pensión si decide retirarse antes. Un sobrecoste histórico y una doble vara de medir injustificable que también ha terminado impactando en el equilibrio financiero global.
A esta sangría contable se suma el episodio sangrante de la «hucha de las pensiones» (el Fondo de Reserva). De los casi 67.000 millones de euros acumulados con el esfuerzo de los trabajadores que llegó a haber en la hucha, el Gobierno de Mariano Rajoy vació más de 60.000 millones. Un dinero que se volatilizó mientras el Estado destinaba ingentes recursos públicos al rescate de la banca privada. ¿Para cuándo van a devolver ese dinero a los trabajadores? ¿Por qué no se investiga a fondo hasta el último céntimo de esa caja saqueada?
Las cifras resultantes de toda esta denuncia no son una invención: el propio Tribunal de Cuentas constató más de 100.000 millones de euros retirados de forma impropia en solo tres décadas. Al actualizar la inflación, el patrimonio cedido, los vaciados de la hucha, los desvíos presupuestarios y los intereses acumulados de más de 40 años, la deuda real del Estado con la caja de las pensiones supera holgadamente los 500.000 millones de euros.
Detrás de este ninguneo sistemático se esconde el verdadero objetivo: el apetito de la banca por hincarle el diente a la gran hucha del sistema público, un enorme pastel financiero que les reportaría millonarios dividendos si se privatizara o convirtiera en planes privados obligatorios. Fabricar un falso pánico de quiebra es la herramienta necesaria para desmantelar lo público y empujar al negocio privado a quienes sostienen el país.
¿A quién pretenden engañar? A quienes con su esfuerzo diario, madrugando durante décadas, levantaron la industria, las infraestructuras y la riqueza de este país no se les despoja de sus derechos impunemente. No lo permitiremos. La lección que iniciaron aquellos sindicalistas del metal y que hoy sostiene ADEPPU sigue más viva que nunca: las pensiones públicas SON SOSTENIBLES, son un derecho conquistado y no se van a regalar al negocio privado. ¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!
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